El amo nos da lecciones de administración pública

Hay muchas cosas que me indignan en mi país. Otras que me avergüenzan. Pero que tenga que venir la Junta de Control Fiscal, que nadie en Puerto Rico eligió, a explicarle a nuestro gobierno cómo se administra el dinero público, es el colmo del bochorno. No porque mereceríamos respeto a nuestra alegada autonomía fiscal como país, ¡sino porque tienen razón!

Jenniffer González anunció con bombos y platillos la suspensión temporera del IVU estatal del 6% sobre alimentos preparados durante noviembre y diciembre. Una medida que, según Hacienda, representaría unos $56.8 millones en recaudos que dejarían de ingresar al gobierno.

¿Y de dónde saldría ese dinero? Pues resulta que nadie había identificado cómo compensarlo.

La Junta le acaba de recordar al gobierno algo tan elemental que debería enseñarse en cualquier curso básico de administración pública: antes de anunciar una medida, hay que calcular cuánto cuesta, cómo se financia y cuáles serán sus consecuencias.

Pero hay algo todavía más humillante. La Junta advierte que esta es la segunda vez en el año que el gobierno anuncia alivios contributivos sin completar previamente su análisis fiscal. Y sentencia: “El problema no es la cifra de esta propuesta; el problema es la práctica”.

Y miren qué irónico. Por supuesto, yo rechazo la existencia de esa Junta porque representa una de las expresiones más ofensivas de nuestra subordinación colonial. Pero una cosa es rechazar su autoridad impuesta y otra muy distinta es negar que, en ocasiones como esta, su señalamiento administrativo tiene fundamento.

No hay que ser colonialista para saber sumar y restar.

Lo realmente jodido es que esa “práctica” de mala administración es elegida por los puertorriqueños. Aceptan que se gobierne a fuerza de anuncios, ocurrencias y cálculos políticos, mientras un organismo impuesto por el Congreso estadounidense termina dándole lecciones de responsabilidad fiscal.

Y tampoco confundo las cosas: que la Junta tenga razón en una objeción no significa que tenga legitimidad democrática para dictar política pública ni decisiones económicas.

Lo que pasa es que aquí la tragedia es doble: tenemos un gobierno que no demuestra saber administrar plenamente sus responsabilidades y una Junta que tiene el poder de impedirle hacerlo.

Así hemos llegado a este absurdo colonial: elegimos a quienes anuncian las decisiones, pero otros tienen la última palabra sobre su ejecución.

Lo más vergonzoso no es que la Junta nos regañe. Es que nuestros gobernantes den cátedra de incompetencia y sigan dándole razones para hacerlo.

Me imagino lo que pensarán: “Imagínate si no nos tuvieran…”