El PS-0504: otra legislación a ciegas

Puerto Rico enfrenta hoy una discusión estéril sobre el aborto marcada más por impulsos políticos que por evidencia sólida. La legislatura debate como si contara con estudios recientes sobre la opinión pública, como si la sociedad estuviera perfectamente mapeada y comprendida. Pero la verdad es incómoda y contundente: aquí se legisla a ciegas, sin datos.

La última encuesta académica amplia sobre actitudes hacia el aborto en Puerto Rico tiene más de una década; su muestra fue pequeña, y sus hallazgos no pueden aplicarse con rigor a la compleja realidad del presente. Desde entonces, no se ha producido en la isla un estudio universitario serio, profundo y representativo que permita saber qué piensan realmente las distintas generaciones, las regiones, las clases sociales y los sectores religiosos sobre este tema. En otras palabras, la legislatura navega la total oscuridad estadística.

El caso del PS0504, ahora en manos de la gobernadora para su firma o veto, es el ejemplo más reciente de esta carencia. Se legisla en ausencia de un diagnóstico, se debaten posturas morales sin la más mínima radiografía demográfica y se asume, sin evidencia, que las convicciones personales de legisladores y activistas son reflejo fiel del país. El PS0504 revela un patrón que se repite en Puerto Rico: abordar temas de alto impacto moral y social sin el respaldo mínimo de datos confiables.

Este vacío afecta a todos. Los sectores conservadores insisten en que Puerto Rico es un país mayoritariamente pro-vida; los sectores liberales afirman que las nuevas generaciones favorecen los derechos reproductivos. Pero ninguna de estas afirmaciones descansa en mediciones recientes, ni en muestreos representativos, ni en investigación universitaria rigurosa. Son intuiciones ideológicas, no evidencias. Y cuando la política pública se rige por intuiciones, lo que produce no es gobernanza, sino conflicto. Y por supuesto, polarización violenta.

Países que han manejado este debate con madurez —como Irlanda, España o Francia— desarrollaron procesos deliberativos robustos acompañados de múltiples encuestas científicas. Entendieron algo elemental: antes de legislar, hay que conocer. Antes de imponer normas que afectan la conciencia, el cuerpo y la vida de las personas, hay que preguntar, medir, analizar. Puerto Rico, sin embargo, legisla primero y pregunta después. Y eso es, cuando pregunta.

El problema no es que existan posturas conservadoras o liberales. El problema es que ninguna cuenta con datos para sostenerse con autoridad democrática. La discusión pública se llena de frases hechas: “el pueblo piensa así”, “las mujeres piensan asá”, “la juventud ya cambió”, pero sin un solo estudio reciente que confirme o desmienta esas afirmaciones. Así, las decisiones sobre uno de los temas más sensibles de la vida pública puertorriqueña se toman con una ligereza inquietante.

La ausencia de datos también tiene consecuencias institucionales. Si el PS0504 es firmado o vetado, su legitimidad quedará marcada por la percepción de que se decidió sin el respaldo de la evidencia. Una ley sin diagnóstico es una ley vulnerable. Una política pública sin datos es una política pública sin ancla. Y un país que legisla asuntos tan delicados sin estudios serios corre el riesgo de profundizar divisiones que luego le será difícil reparar.

Por eso es urgente un compromiso multisectorial para producir investigación de calidad. Las universidades —la UPR, la Interamericana, la Católica, el Sagrado— deben asumir el liderazgo que históricamente les corresponde. Las instituciones de salud, los colegios profesionales y las organizaciones civiles deben colaborar. Puerto Rico no puede seguir moviéndose entre discursos moralistas y consignas políticas sin la contraparte indispensable de la evidencia empírica.

Esto no se trata de someter la moral a una encuesta. La moral no se vota. Se trata de algo más básico y más democrático: conocer la realidad que se pretende regular. Sin datos, legislar sobre el aborto —o cualquier otro tema de alta sensibilidad social— es legislar desde la soberbia.

Y este país ya ha pagado demasiado caro por la soberbia política. Para avanzar, necesitamos claridad, rigor y honestidad intelectual. El PS0504 es una oportunidad para reconocerlo. La gobernadora podría exigir una legislación que responda a la cordura y a la madurez.

Esta columna se publicó originalmente en El Vocero el martes 18 de noviembre de 2025. Léela en El Vocero.