Cuando la ley se hace de la vista larga

Hay sentencias que no castigan, sino que absuelven con elegancia. Hay fallos que no cierran una herida, sino que la cubren con una curita dorada para que el país olvide. La reciente resolución judicial contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced parece formar parte de esa costumbre local de administrar justicia como si fuera un menú a la carta: hay quien recibe la receta completa, con todos sus ingredientes amargos, y hay quien apenas prueba el plato principal y ya le sirven el postre del perdón.

Vázquez Garced, recordemos, no es una figura menor en la historia política reciente. Llegó a la gobernación no por la voluntad del pueblo, sino por la cadena de vacantes provocadas por el derrumbe moral del Partido Nuevo Progresista tras el escándalo del chat de Telegram. Su mandato, breve y accidental, fue una especie de interludio entre el cinismo y la improvisación. Pero, aun así, se sentó en La Fortaleza, firmó leyes, dirigió agencias y prometió sanear el gobierno.

Poco después, fue acusada de aceptar fondos ilegales para su campaña a cambio de favores políticos. Lo que en cualquier país con autoestima institucional se consideraría alta traición al pueblo, aquí fue procesado con una gentileza que raya en el afecto.

El caso se anticipa terminará con una declaración de culpabilidad negociada —como tantas otras en el teatro penal estadounidense— que garantice una sentencia más simbólica que efectiva. Sin cárcel. Sin consecuencias reales. Una palmadita en la muñeca de parte de un sistema judicial que, curiosamente, sí sabe ser implacable cuando se trata de jóvenes pobres, mujeres negras, usuarios de drogas o inmigrantes sin documentos. El mensaje es claro: la vara es flexible si el acusado fue fiscal federal o gobernadora. La impunidad, como los trajes de lino, se confecciona a la medida.

Este no es un fenómeno nuevo. En El espíritu de las leyes, Montesquieu advertía que la corrupción de las repúblicas empieza cuando las leyes dejan de aplicarse con igualdad. No cuando se violan —porque siempre habrá transgresores— sino cuando se decide a quién castigar y a quién eximir. Lo que estamos viendo en Puerto Rico no es solo una crisis de legalidad, sino una tragedia de legitimidad. ¿Qué valor tiene una democracia si sus mecanismos de justicia solo operan con firmeza hacia abajo?

Los abogados dirán, con esa compostura técnica que suelen exhibir ante las cámaras, que Vázquez cooperó con las autoridades. Que se declaró culpable. Que “asumió responsabilidad”. Pero ¿cuál es la verdadera dimensión de esa responsabilidad? ¿En qué momento se mide el daño causado a la confianza pública, al alma colectiva de un país que sobrevive con cicatrices de corrupción? Si se puede delinquir desde el poder, admitirlo y salir caminando como si nada, entonces la democracia ha dejado de ser un contrato social para convertirse en un juego de espejos.

Pienso en los miles de casos olvidados en los tribunales, en los jóvenes que enfrentan años de prisión por delitos menores, en los padres que pierden custodias por errores cometidos en la pobreza, en las mujeres procesadas con severidad por decisiones tomadas en el desamparo. ¿Qué le dice esta sentencia a esa otra ciudadanía? ¿Qué valor tiene la ley cuando empieza a parecerse a una puerta giratoria para los poderosos y a una trampa para los débiles?

La corrupción no es solo robar dinero público. Es robarle al país su sentido de justicia. Es instaurar la sospecha de que todo está arreglado, de que no vale la pena denunciar, votar, confiar. Es dejar al ciudadano con la amarga convicción de que los poderosos no tienen que pagar el precio completo de sus actos.

Sin embargo, seguimos. Porque este país tiene una terquedad vital que no muere, una conciencia herida pero no derrotada. Tal vez sea hora de preguntarnos si lo que necesitamos no es solo más leyes, sino más memoria. Menos perdones y más consecuencias. Menos tecnicismos y más ética. Tal vez sea hora de que los nombres propios dejen de ser escudos, y vuelvan a ser responsabilidades.

¿O es que ya hemos aceptado, sin darnos cuenta, vivir en un país donde la corrupción no se castiga, sino que se archiva con firma y sello de impunidad?

Esta columna se publicó originalmente en El Vocero el sábado 21 de junio de 2025. Léela en El Vocero.