Cómo desmontar una democracia

En la arquitectura constitucional de los Estados Unidos, el equilibrio de poderes es el principio operativo que ha evitado que la nación más poderosa del mundo caiga en manos de autócratas. Pero ese principio enfrenta hoy una amenaza organizada, detallada y amparada en la ley. Se llama Proyecto 2025.

Impulsado por la Heritage Foundation, este proyecto es un manifiesto ideológico y una guía estratégica de más de 900 páginas titulada Mandate for Leadership: The Conservative Promise que propone reconfigurar el Estado federal desde sus cimientos, bajo la premisa de que el presidente debe tener control total sobre la rama ejecutiva. Y no cualquier presidente: el proyecto está diseñado para Donald Trump o un sucesor con una visión autoritaria y populista de la política.

El centro de gravedad de este plan es la llamada “teoría de la autoridad unitaria”, según la cual todos los poderes del Ejecutivo residen exclusivamente en el presidente. Bajo esta visión, agencias como el Departamento de Justicia, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) o la Administración de Seguridad Social deben actuar como extensiones directas de la voluntad presidencial. Se eliminaría la autonomía administrativa y se reemplazaría el cuerpo profesional de servidores públicos por miles de leales ideológicos previamente reclutados por una “Academia Presidencial” establecida para ese propósito.

¿La herramienta principal? Las órdenes ejecutivas. Hasta hace unos días, Trump había firmado alrededor de 156 de ellas.

El plan no se limita a lo administrativo. Plantea revertir décadas de política social, ambiental y cultural: desmantelar regulaciones climáticas, eliminar políticas de equidad racial y de género, criminalizar a inmigrantes, reducir o eliminar la autonomía educativa y restablecer valores religiosos conservadores como fundamentos del Estado.

Las implicaciones de este proyecto para Puerto Rico son dramáticas. Como territorio no incorporado, la Isla está sujeta a las decisiones del Congreso y del Ejecutivo federal. Un presidente investido con poderes casi absolutos —como propone el Proyecto 2025— tendría amplias facultades para modificar o restringir programas federales vitales como el PAN, el Medicaid, la Sección 8 o los fondos de desarrollo económico. Además, se reforzaría una visión colonialista en la que Puerto Rico queda aún más subordinado a la discrecionalidad del poder presidencial, sin representación ni veto real. La ofensiva contra políticas de equidad, diversidad y derechos civiles también tendría eco en agencias federales con presencia en la Isla, debilitando protecciones sociales y laborales ya de por sí frágiles. En resumen, bajo una administración regida por este proyecto, Puerto Rico sería más colonia que nunca.

Ese es el mayor riesgo: la legalidad como disfraz del autoritarismo. Lo que se propone es una presidencia omnipotente, capaz de gobernar por decreto, sin controles judiciales ni legislativos efectivos. Un presidente rodeado de funcionarios previamente entrenados para obedecer, no para deliberar.

Casos similares en la historia reciente abundan. En Hungría, Viktor Orbán logró transformar un régimen parlamentario en una democracia iliberal a través de reformas legales y control de medios. En Polonia, el partido Ley y Justicia subordinó el sistema judicial a su voluntad política sin salirse del marco constitucional. Y en Estados Unidos, Donald Trump ya demuestra el deseo de usar las instituciones para perseguir adversarios, y controlar agencias.

Pero ahora, con el Proyecto 2025, ese deseo tiene una hoja de ruta detallada y un equipo dispuesto a ejecutarla.

La advertencia no es ideológica. Figuras conservadoras como Liz Cheney o el juez Michael Luttig han señalado el peligro de este enfoque. No es una disputa entre izquierda y derecha. Es una encrucijada entre quienes creen en los contrapesos institucionales y quienes promueven un poder centralizado.

A muchos esto puede sonar lejano o improbable. Pero así comienza la erosión democrática: con indiferencia. Las democracias no siempre mueren con violencia. A veces mueren por decreto.

Lo que está en juego es la permanencia de un modelo de convivencia basado en límites al poder, derechos individuales y la profesionalización del Estado. Cuando esos pilares se desmontan, aunque sea legalmente, lo que queda ya no es una república. Es otra cosa.

Y si los Estados Unidos —con uno de los modelos democráticos más robustos del siglo XX— pueden caer en esa trampa legalista, ningún otro país, sobre todo, uno bajo tutela colonial como el nuestro, está realmente a salvo.

Esta columna se publicó originalmente en El Vocero el miércoles 26 de marzo de 2025. Léela en El Vocero.