Somos una colonia ¡pa'que tú lo sepas!

Mientras el mundo admira el exuberante paisaje y el vibrante legado cultural de Puerto Rico, hay una narrativa más profunda y siempre ignorada, que yace en las sombras de su atractivo turístico: su estatus político colonial.

Ciertamente, la relación de Puerto Rico con Estados Unidos está marcada por una serie de leyes y decisiones judiciales que han delineado fatalmente su estructura política y económica. En el corazón de esta relación está la serie de casos “Insulares” de la Corte Suprema de EE.UU., específicamente “Downes v. Bidwell” (1901), que situó a Puerto Rico en una categoría única, no completamente integrada como un estado ni independiente. Esta decisión estableció un precedente que permite a EE.UU. aplicar selectivamente leyes y regulaciones federales en sus territorios, como Puerto Rico.

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La Ley Jones-Shafroth de 1917 otorgó la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, pero no resolvió las limitaciones en su capacidad para autogobernarse plenamente, especialmente en asuntos económicos. Todos sabemos que la Ley PROMESA de 2016, diseñada para abordar la crisis de deuda de Puerto Rico, estableció una junta de supervisión fiscal, que restringió y puso en verguenza aún más la autonomía económica de la isla.

Una de las restricciones más debatidas es la Ley de Cabotaje, también conocida como la Ley Jones Act, que regula el transporte marítimo entre Puerto Rico y el continente. Esta ley incrementa los costos de importación y exportación, afectando directamente a los consumidores y las empresas de la isla. Además, Puerto Rico se enfrenta a limitaciones en la recaudación de impuestos y el acceso a fondos federales comparado con los estados de EE.UU., lo que resulta en un presupuesto constreñido y menos recursos para servicios públicos y proyectos de desarrollo.

En esa discusión sobre el estatus político de Puerto Rico y su impacto en la economía, es crucial abordar el éxito propagandístico del discurso “el estatus no está en issue” de Luis Muñoz Marín. El MVC y ahora el PIP, a través de la llamada “Alianza”, parecen doblegarse al concepto muñocista de una gestoría de la inmediatez, con una suerte de mogolla trapecista que busca burlar nuestro miedoso estado de derecho que prohíbe las coaliciones electorales. Al adoptar una postura de que el estatus político de Puerto Rico no debería ser el foco principal, sino que se deberían buscar reformas económicas y sociales dentro del marco del ELA, ahora pretenden llevar a generaciones de puertorriqueños a considerar el estatus político como un tema secundario.

Sin embargo, mirando más allá de las costas de Puerto Rico, encontramos ejemplos tanto aleccionadores como inspiradores. Regiones y naciones que han alterado su estatus político han experimentado diversas trayectorias económicas. Por ejemplo, la transformación de Hong Kong de una colonia británica a una región administrativa especial de China muestra cómo los cambios en el estatus político pueden influir en la economía. Si bien cada caso es único, estos ejemplos subrayan la profunda conexión entre el estatus político y la estructura económica.

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Economistas y juristas han señalado repetidamente cómo el estatus político de Puerto Rico actúa como una barrera para el crecimiento económico. La incertidumbre política disuade la inversión, mientras que las restricciones legales y comerciales limitan las oportunidades económicas. Resolver nuestro estatus político podría proporcionar la claridad y la autonomía necesarias para reformas económicas significativas.

Sin duda, el ELA ha ofrecido ciertos beneficios, pero las limitaciones económicas impuestas son palpables y perjudiciales para el desarrollo a largo plazo de la isla. Una evaluación seria y considerada del estatus político de Puerto Rico no es solo una cuestión de identidad nacional; es un paso crucial hacia la reestructuración y revitalización de su economía. En la búsqueda de un futuro próspero, es imperativo que tanto los líderes como los ciudadanos consideren cómo un cambio en el estatus político podría abrir la puerta a nuevas oportunidades económicas y un legado de resiliencia y crecimiento.

A estas alturas de nuestra historia de más de 500 años, todavía no logramos una conversación informada y reflexiva sobre cómo el estatus político y la economía de Puerto Rico están inextricablemente vinculados. Solo a través de un diálogo abierto, respaldado por una comprensión profunda de las implicaciones legales y económicas, Puerto Rico podrá trazar un camino hacia una prosperidad económica sostenible y duradera.

Esta columna se publicó originalmente en El Vocero el miércoles 31 de enero de 2024. Léela en El Vocero.